jueves, 4 de septiembre de 2014

La prensa da por concluído el proceso de investigación de la ertzainza a raíz de la muerte de iñigo cabacas:

El diario "el correo" en una nueva publinoticia da por culminados los cambios en la Ertzantza tras el asesinato de Iñigo Cabacas. Sin comentarios...


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La Audiencia de Barcelona no descarta que la bala de goma contra Quintana fuera intencionada

Nueva resolución judicial en busca de averiguar la verdad del caso Ester Quintana. La sección décima de la Audiencia de Barcelona ha emitido un auto donde estima el recurso de la acusación particular de la vecina de la Verneda que perdió un ojo el 14 de noviembre de 2012, y acuerda que el delito imputable a los dos antidisturbios acusados del disparo de bala de goma no debe circunscribirse a una lesión imprudente, sino que podría haber sido una lesión dolosa con pérdida de órgano principal o, en otras palabras, no se descarta que la actuación fuera intencionada. Este matiz jurídico tiene una gran relevancia en el caso, ya que las penas se podrían incrementar hasta una horquilla de entre seis y doce años de prisión para el subinspector con número de placa 3772 y para el escopetero con TIP 14211 . Las tres juezas de esta sección de la Audiencia creen que circunscribir el delito dentro del marco de una imprudencia sería prematuro y no permitiría que durante la vista oral se pudiera determinar con claridad cómo y por qué se disparó contra Ester Quintana. 

Con esta decisión se deniega el argumentario planteado por el abogado de la Generalitat, y durante el juicio se dilucidará si los policías eran conscientes de la grave lesión que podían provocar antes de ordenar disparar y pulsar el gatillo, respectivamente. Lo que sí se considera plenamente contrastado a partir de la labor de investigación que ha hecho el juzgado de instrucción 11 de Barcelona, ​​es que el objeto que impactó contra Quintana fue una bala de goma y que fue disparada por un agente los Mossos. 

Con este auto, el máximo órgano judicial catalán da un paso más allá en la determinación de las responsabilidades penales del caso, y pone más difícil la tesis exculpatoria defendida aún a día de hoy por el Departamento de Interior. Cabe recordar pero que Manel Prat, el Director General de la Policía el día que Quintana fue herida, abandonó su cargo hace tres meses debido al desgaste de su imagen como consecuencia de la mala gestión del grave incidente, y también por el caso de la muerte de Juan Andrés Benítez. Felip Puig, sin embargo, se mantiene como consejero del gobierno de Artur Mas



Sindicatos de periodistas denuncian constante acoso y violencia policial “para que no registren lo que está sucediendo”:

Un nuevo informe elaborado por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alerta de que cada vez son más las dificultades que los profesionales de los medios de comunicación están encontrando en nuestro país para desempeñar su trabajo durante las protestas ciudadanas, “debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de policías autonómicas”.
Los profesionales más afectados, según indican las organizaciones, suelen ser los los periodistas “freelances” y los fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, de los que se han registrado numerosas agresiones y detenciones, que “han sido reiteradas e incluso han ido en aumento”.

Las agresiones “se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas, realizando detenciones o cargas contra los manifestantes”, con el objetivo de “evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente”.
Es más, según el documento, los agentes son conscientes de que se dirigen contra periodistas, ya que previamente se han identificado como prensa y llevan visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen, y según un comunicado previo de ReMC y FeSP, también se ha producido “la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a comisaría”.
Caso omiso del Gobierno a los informes y avisos previos:
El informe hace mención a los estudios previos que otras organizaciones han llevado a cabo sobre los ataques a los periodistas en España y que el Gobierno no ha tenido en cuenta.
Tal es el caso del documento elaborado en 2013 por la Coordinadora de Prevención de la Tortura, en el que se recogían 17 casos de agresiones a profesionales de la comunicación, “que van desde incautación de fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones”.
También la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha hecho varios llamamientos a las autoridades españolas para que “protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques”, ya que “han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión”. Sin embargo, estos avisos han sido ignorados y “se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas”.
Además, España ha ignorado la Resolución 21/12 sobre Seguridad de los Periodistas adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, en la que “expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes” y exhorta a los Estados a investigar y castigar judicialmente a los autores y resarcir a las víctimas.
Obstáculos del Gobierno a la creación de medios de comunicación comunitarios
La segunda denuncia realizada por ReCM y FeSP en este informe se refiere al incumplimiento tanto del Gobierno central como de los gobiernos autonómicos de la normativa de 2010 que obliga al reconocimiento de las “emisoras comunitarias”, radios y televisiones sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil.
La normativa en cuestión es la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual, que establece que “todas las personas tienen derecho a que la comunicación audivisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”,
Las organizaciones sociales tienen derecho a recibir licencias de radio y televisión pero no solo se les está impidiendo acceder a dichas licencias –ya que la elaboración de los reglamentos exigidos por la norma ha sido paralizada por el Gobierno– sino que además están recibiendo sanciones por emitir sin licencia, a pesar del Recordatorio de deberes legales que el Defensor del Pueblo elevó al Gobierno en 2012 tras la denuncia de numerosos colectivos sociales.
El informe recoge casos de “numerosas emisoras comunitarias que han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por carecer de licencia, licencia que no pueden obtener por incumplimiento de la ley por parte del Gobierno”. Las emisoras se enfrentan en algunos casos a multas de cientos de miles de euros.

martes, 2 de septiembre de 2014

Entrevista al colectivo gallego "Nais contra a impunidade":

Entrevista por parte de la revista "Pikara" a Carmen Castro, madre de Diego viñas, Pastora González, madre de Xose Tarrío, Lola Riveiro, madre de Noelia Cotelo y Fran buey, todas pertenecientes al colectivo gallego con el que hemos compartido cenadores, conversación y charlas "Nais contra a impunidade":


Entrevista en Judici a la Justicia en Radio Bronka (23/07/2013):

Hoy queremos volver a compartir el podcast de la entrevista realizada sobre el caso de David Blanco que recibimos el pasado 23 de Julio de 2013 por parte de los integrantes del programa catalán Judici a la Justicia, programa que se emite los martes cada quince días, de 19:00h a 21:00h en directo desde Radio Bronka.
Para los que solo quieran escuchar la entrevista os hacemos saber que esta comienza a partir del minuto 16.
Sin más dilación os dejamos el enlace:


Para escuchar la entrevista picha aquì

Una nueva muerte por sobredosis en la prisión de Topas (Salamanca):

Tenemos constancia de una nueva muerte por sobredosis esta vez en la prisión de Topas (Salamanca). Se trata de R. R. C. de 28 años de edad y natural de Salamanca. El día 29 era sacado del módulo 12 (módulo de  respeto) y fallecía el día siguiente a causa de una sobredosis.
En España existe un promedio de 201 muertes en prisión cada año. La estadística pone de manifesto que las muertes por sobredosis suponen el 22,3% del total de fallecidos, y que las muertes por suicidio se elevan al 11,3% de los casos. Teniendo en cuenta la gran relación existente entre muertes por sobredosis y conductas suicidas, resulta sobrecogedor el elevado índice de fallecidos por ambos conceptos.
Este hecho es sumamente grave, por un lado porque la administración penitenciaria debe velar por la vida, integridad y salud de los internos y está claro que no lo consigue de forma efectiva; y, por otro, porque la Constitución Española en su artículo 25 dispone que las penas privativas de libertad deberán estar orientadas a la reeducación y reinserción, resultando absolutamente imposibles dichos objetivos si en un lugar cerrado y repleto de drogodependientes la droga puede adquirirse con facilidad.
A esto se le añade que no es posible endurecer los controles de seguridad hasta el límite, pues ello violaría derechos básicos y fundamentales de las personas presas.
En relación a las personas condenadas según el Código Penal actual, el 43’17% cumple condena por delitos contra el patrimonio (robos y hurtos), mientras que el 27’72% lo hace por delitos contra la salud pública (fundamentalmente, “menudeo” de drogas). Su perfil es de escasa peligrosidad., a pesar de lo cual la Justicia les tiene destinadas penas desproporcionadas, comparadas con los grandes defraudadores que ponen en peligro a todo un Estado, cuya única respuesta en muchos casos es la impunidad. Así, es muy frecuente que las personas con problemas de drogodependencias sean sentenciadas a condenas largas, lo que les impide el acceso a determinadas medidas alternativas a la prisión como la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. De la misma manera, el hecho de cometer varios pequeños delitos continuados las convierte en reincidentes, lo que puede agravarles aun más la condena recibida y/o convertirse en un obstáculo para acceder a medidas alternativas a la prisión.
La prisión no es un espacio en el que se pueda realizar un tratamiento terapéutico adecuado, sino que, al contrario, empeora la situación de las personas con problemas de drogas hasta llegar a extremos dramáticos como el de las muertes en prisión. Destacamos la responsabilidad de la administración teniendo en cuenta el absoluto y completo fracaso de la prisión como media resocializadora de las personas pesas, pudiendo afirmarse que la finalidad que juega la cárcel actualmente no es otra que contribuir a la destrucción psíquica y fisica de las personas que la padecen.

viernes, 29 de agosto de 2014

19 presos en huelga de hambre en la cárcel de Senillosa (Nequén/Argentina):

Reclaman que no están recibiendo educación, que la comida está en malas condiciones, que pasan frío, no hay calefacción, y que a sus familiares les cuesta un triunfo llegar hasta allí. Mientras las autoridades vienen vendiendo desde tiempo las características “europeas” y “lujosas” de la nueva prisión en Senillosa, inaugurada el pasado 1 de julio, la realidad es que las condiciones son pésimas. Uno de los reclamos está basado en que no pueden continuar con sus estudios, ya que se interrumpió el dictado de clases para el ciclo superior y los talleres no funcionan. El impedimento de contacto con sus familias es también un método de tortura, sea por el motivo que fuere. La medida tomada casi por la mitad de los presos encerrados en el nuevo edificio carcelario comenzó el lunes pasado y continuará hasta que reciban una respuesta a sus necesidades.


miércoles, 27 de agosto de 2014

Imputado el jefe de la Guardia Civil de Corella por “torturas y prevaricación”:

La Unión de Guardias Civiles habla de “enfrentamiento interno” en el cuartel y denuncia la pasividad de los altos mandos.




El juzgado de instrucción número cinco de Tudela ha abierto diligencias contra el sargento comandante del cuartel de la Guardia Civil de Corella al que le imputa los delitos de “falsificación en documento oficial, omisión del deber de perseguir delitos y/o encubrimiento realizado por funcionario público, abuso en el ejercicio de su función y libertad sexual, prevaricación, delito contra la salud pública en grado de encubrimiento, de torturas y contra la integridad moral de carácter grave y por violación de las garantías constitucionales”.
Así lo dio a conocer ayer en Tudela la Unión de Guardias Civiles (UGC) que se ha presentado en el juicio abierto como “acusación popular” dado el silencio que han mantenido los altos mandos de este cuerpo en Navarra, que pese a conocer los hechos denunciados desde hace tiempo han mostrado una “falta de interés flagrante”, según indicó el secretario general de este colectivo a nivel nacional, Ramón Rodríguez Prendes. De hecho, el abogado de esta asociación, además de presentar estas acusaciones también tiene previsto “exigir responsabilidades al capitán del puesto de Tudela y al coronel jefe de la Comandancia de Navarra” por su inhibición en este asunto. El secretario de la UGC en Navarra, Antonio Benítez, aseguró que el capitán de Tudela recibió el 5 de octubre de 2012 un “sobre cerrado en el que ya se hablaba de la comisión de un delito de falsedad documental de este sargento de Corella” pero no actuó y el procedimiento fue iniciado por la Policía Judicial de Tudela. “No nos consta que el capitán de Tudela haya entregado esa información al juzgado después de dos años”.
Según denuncia la Unión de Guardias Civiles la situación que se vive entre los agentes de Corella es de “convivencia imposible” con el mando, con un “enfrentamiento abierto” dado que el “jefe de la unidad es un elemento tóxico para la propia unidad y también para la población de Corella”, indicó Rodríguez. De hecho algunos de estos delitos que le imputan se han cometido con “ciudadanos civiles como víctimas y no solo agentes. Hay vecinos afectados y también agentes”, confirmó Benítez.
Como muestra, recordaron que “hace un año todos los componentes de la plantilla de Corella fueron citados al gabinete psicológico de Pamplona para pasar una revisión pero después no se actuó ni se hizo nada. La convivencia en Corella es imposible, más de un ciudadano se habrá dado cuenta del clima de crispación que hay”.
Desde hace años UGC viene repitiendo que su único objetivo al dar a conocer estos hechos a la opinión pública tras la inactividad de los altos mandos, es que “se establezcan medidas cautelares para apartar de sus funciones al jefe de la unidad de Corella”, además de que “se deje trabajar a la justicia”, algo que apuntaron tampoco se estaba dejando hacer.
CRISPACIÓN En la rueda de prensa de ayer, los representantes de la Unión de Guardias Civiles recordaron que aunque la mayoría de los delitos que se le imputan son en un plazo breve “otros se remontan a 2006 o 2007 como los de torturas”. En este sentido, dado que la instrucción y el caso está abierto no quisieron dar más detalles de estas acusaciones ni tampoco de los delitos “contra la salud pública en grado de encubrimiento”. “Todas las responsabilidades que se piden son penales pero al ser Guardia Civil, si se confirman, luego tendrán otro juicio”, concluyó Rodríguez.
El sargento, comandante del puesto de Corella lleva en el cargo alrededor de 9 años y tiene a su cargo a 14 agentes que, según la UGC, están viviendo una situación insostenible. Incluso alertaron ante la posibilidad de que se puedan producir enfrentamientos peligrosos por la tensión actual. “Nos preocupa porque nuestras herramientas de trabajo son armas y cuando hay ese grado de crispación tan elevado la preocupación es directamente proporcional a la gravedad de los hechos que, ojalá no sucedan, pero que evidentemente pueden suceder. Un mal momento lo puede tener cualquiera y nos preocupa”.
COACCIONES A TESTIGOS La denuncia primera procedió de un agente de Corella que, por amistad lo comentó a otro de la Policía Judicial de Tudela. “Fruto de la investigación de la Policía Judicial de Tudela se llega a la conclusión de que hay más materia. Pasa a la Policía Judicial de Pamplona, en la que el alférez tiene una relación de amistad con el suboficial de Corella y posiblemente por este motivo la información que pide el juez le llega con cuentagotas”.
Ramón Rodríguez y Antonio Benítez llegaron a hablar ayer de “coacciones a testigos”, “aunque esperamos que estas informaciones que nos llegan no sean ciertas. Parece que los testigos de estos delitos están siendo presuntamente coaccionados por el propio suboficial de Corella”. Dentro de estas presiones también apuntaron las que sufre un “suboficial destinado en el grupo de apoyo las tecnologías de la información en Pamplona”, que le ha llevado a estar de baja psicológica durante varios meses y que “sigue siendo coaccionado por sus propios mandos”.
Pese a la situación preocupante que se puede crear en Corella con la máxima autoridad de la Guardia Civil imputado en varios delitos, incluidos los de torturas, los representantes de UGC negaron que se pudiera hablar de estar generando “alarma social. Queremos alertar de los pasos que estamos dando y del nulo interés que muestra la Guardia Civil de Navarra”.
EN CORTO
Defensa de su trabajo. “Los guardias civiles sabemos cómo tenemos que trabajar y somos la institución más valorada del estado. No hacemos mal nuestro trabajo. Esto es una situación especial y excepcional”.
Objetivo principal. “Nuestra intención es dar una solución viable en tanto no haya una sentencia firme y que este jefe de la unidad de Corella quede apartado de sus funciones de forma cautelar”.
Vigilantes. “Esperamos que algo cambie, si no UGC vamos a seguir vigilantes y tomaremos las medidas oportunas”.
LA CIFRA
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Son los agentes que están adscritos al cuartel de Corella y que denuncian la “convivencia imposible” que se vive en la ciudad del Alhama.

Interior gasta este verano más de medio millón de euros en material antidisturbios:

El Ministerio de Jorge Fernández Díaz equipa a las UIP con nuevos cascos, chalecos, escudos y protectores de piernas a pesar de que los incidentes en manifestaciones han disminuido en los últimos meses.
Mientras la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, sostiene que los incidentes en manifestaciones han disminuido por "una mayor concienciación por parte de los ciudadanos sobre el trabajo que tiene que realizar la Policía", el Ministerio del Interior ha gastado este verano 586.608 euros en dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP) con nuevo material antidisturbios.

Durante los tres meses de estío, el Gobierno ha adquirido 400 cascos por valor de 156.816€ y 448 chalecos de protección antigolpes por 154.492,80€ a la empresa FEDUR, S.A; 1.395 protectores de piernas a Total Control Handcuffs, SLU por 162.043,20€ y 1.248 escudos a ECOYMA por 113.256€. 

Interior ya anunció esta compra tras las Marchas de la Dignidad del 22-M, donde un elevado número de agentes resultaron heridos. Sin embargo, este altercado es el único incidente grave registrado en 2014 según la delegación del Gobierno. De hecho, las manifestaciones en la Comunidad de Madrid han descendido en un 38% en lo que va de año. En los siete primeros meses, se contabilizan 1.856 protestas, lo que se traduce en 1.139 menos que en el mismo periodo en 2013. Cifuentes atribuye estos datos a una mejora de la economía y a que los "grupos antisistema han decidido participar del sistema y pasar a ser casta".

El año pasado los presupuestos generales del Estado aprobados por el Gobierno para la compra de Material Antidisturbios y Equipamientos Específicos de Protección y Defensa ascendían a 3,26 millones de euros, una cifra desorbitada si se compara con los 173.670 euros invertidos en 2012.

El Ministerio del Interior apuntó en 2012 que desde ese año y hasta 2016 la inversión prevista para reponer y modernizar el material que utilizan los policías antidisturbios alcanzaría los 10,02 millones de euros.

martes, 26 de agosto de 2014

La Policía carga contra los manifestantes durante la visita de Merkel a Santiago de Compostela:


Agentes de la Policía Nacional han cargado contra los cientos de manifestantes que se han congregado, a partir de las 11,00 horas, en la Plaza de la Quintana contra los recortes de la UE, tras intentar entrar estos últimos en la Plaza del Obradoiro.De hecho, algunas de las personas que se estaban manifestando han caído al suelo como consecuencia de las cargas policiales. Por su parte, agentes de la Policía Nacional han pedido refuerzos. 


Fueron tres filas de policías las que impidieron la entrada a la compostelana Plaza del Obradoiro, mientras los manifestantes intentaban pasar gritando consignas como "A nuestra plaza queremos pasar", "Queremos trabajar y no emigrar", y "'Merkel, Rajoy, fuera de Galicia". No puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder Estas cargas policiales se han producido en la manifestación convocada por el BNG, en la que también participaron otros colectivos sociales como el Sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) y varias plataformas de emigrantes retornados, contra las políticas de la UE coincidiendo con la visita de la canciller alemana, Angela Merkel, a Santiago. En el forcejeo, mientras algunas personas seguían intentando acceder bajo consignas como "Más trabajo y menos policía", "No puede ser, obreros en la cárcel y corruptos en el poder" o "Libertad de expresión", varias personas cayeron al suelo ante la carga policial, y el portavoz municipal del BNG en Santiago, Rubén Cela, recibió un porrazo en la cabeza. La protesta se trasladó a la plaza de Fonseca, mientras algunas personas increpaban a la policía con frases como "Os va a condecorar Franco". Durante la manifestación también se escucharon gritos en alemán y una pancarta de colectivos de emigrantes retornados en la que se podía leer, en el mismo idioma, "Europa nos dio trabajo y España nos roba lo ahorrado". Una protesta "ilegal" El delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha afirmado que la manifestación convocada por la CIG y el BNG era "ilegal". Juárez ha recordado, en declaraciones a los informadores, que es necesario comunicar la realización de cualquier protesta para organizar el protocolo de seguridad. "Simplemente" eso, que es "algo obvio", ha apuntado, pero que en este caso no ha sucedido, cuando "lo menos que se puede pedir a un partido político parlamentario y a un sindicato es que cumplan la ley". "En España existe una legislación que concede gran libertad a los ciudadanos para manifestarse y expresarse", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los convocantes de la manifestación no son "para nada marginales" y que es necesario exigirles unos trámites mínimos para respetar los cauces legales en los plazos establecidos. Juárez ha explicado que debido al carácter ilegal de la manifestación, la policía impidió el acceso de los participantes a la plaza y ha lamentado que en "algún forcejeo" resultasen heridas algunas personas. Asimismo, ha mostrado su pesar porque algunos de los manifestantes ejercieran "la violencia en la calle contra la policía que está cumpliendo" con su trabajo, ha dicho.